En un paso histórico para la defensa de nuestro patrimonio cultural, la Comunidad Indígena Aymará de Casablanca ha presentado una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta contra el Ministerio de Obras Públicas por daño ambiental y patrimonial.
En un paso histórico para la defensa de nuestro patrimonio cultural, la Comunidad Indígena Aymará de Casablanca ha presentado una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Obras Hidráulicas en Tarapacá, por daño ambiental y patrimonial causado al sitio arqueológico Gentilar Los Hornos de Casa Blanca.
Este monumento arqueológico, ubicado en la comuna de Huara, es mucho más que un sitio de interés histórico. Para nuestra comunidad, representa el espacio donde descansan nuestros ancestros, donde la tierra misma es un archivo vivo de nuestra historia. El Gentilar Los Hornos contiene dos cementerios gentilares, estructuras metalúrgicas tradicionales conocidas como huayrachinas, y vestigios arquitectónicos que se extienden desde épocas prehispánicas hasta períodos coloniales y republicanos.
Durante años, hemos presenciado cómo sucesivas intervenciones estatales—postación, apertura de caminos, mejoras en infraestructura de riego, trazado de rutas e instalación de líneas eléctricas—han ido acumulando impacto sobre este territorio protegido. Sin embargo, el daño más grave ocurrió entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2020, cuando una empresa contratista ingresó con maquinaria pesada al área del cementerio en el marco de trabajos de conservación de canales fiscales. El resultado fue devastador: cistas arrasadas, fardos funerarios dañados, y restos humanos, cerámicas y textiles dispersos sobre la superficie del desierto.
Esta destrucción no fue un accidente. Fue el resultado de la negligencia sistemática del Estado frente a nuestras advertencias explícitas y en contravención directa a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales que protege este sitio.
La demanda, patrocinada por la abogada Paulina González Quiroga, no busca indemnizaciones monetarias. Buscamos algo más profundo: que el tribunal declare la existencia de daño ambiental y ordene al Estado implementar un programa de reparación por equivalencia que incluya la instalación de un cierre perimetral eficaz, señalización permanente que advierta sobre la presencia de material arqueológico, y acciones de resguardo que abarquen la totalidad del complejo Gentilar Los Hornos.
Esta demanda es un acto de justicia, no solo para nuestra comunidad, sino para todos los pueblos indígenas de Chile. Es un mensaje claro: la tierra de nuestros ancestros no es un recurso disponible para ser arrasado en nombre del progreso. Es sagrada, es nuestra responsabilidad protegerla, y la ley debe respaldar esa protección.
Continuaremos en esta lucha con la determinación que nos caracteriza. Recogiendo los pasos de nuestros ancestros, seguiremos adelante.